En la provincia de Teruel existen desde 2023 las ayudas al funcionamiento empresarial. La Comisión Europea aprobó el 19 de abril de 2021 el texto definitivo sobre las ayudas estatales incluyendo la posibilidad de compensar las desventajas competitivas que sufren las empresas de Soria, Cuenca y Teruel por la situación de despoblación de esos territorios al tener una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Fue el punto culminante de una reivindicación reclamada durante años en la que han desempeñado un papel importante los europarlamentarios españoles de todos los colores políticos; la Red SSPA, que integran las patronales de Cuenca, Soria y Teruel; los Gobiernos de las tres comunidades autónomas, y diversos expertos.
La provincia de Teruel, desde el 1 de enero de 2023, dispone de una fiscalidad distinta respecto a otras provincias del país. Esto es así porque se ha aprobado una reducción de cuotas a la Seguridad Social por el ejercicio de una actividad por cuenta ajena en las provincias de Cuenca, Soria y Teruel.
Esto supone que las empresas ubicadas en la provincia turolense se beneficiarán automáticamente de una reducción de hasta el 20% de las contingencias comunes a la Seguridad Social a cargo del empleador.
La reducción será del 20% en los contratos nuevos e indefinidos que se regularicen en las localidades de menos de 1.000 habitantes, mientras que, en el resto, realizados a partir de este año, será del 15%. Para los contratos realizados antes del 1 de enero de 2023, la reducción se fija en un 5% en la cuota.
La Comisión Europea autorizó al Gobierno de España a aplicar una reducción a estas tres provincias de hasta el 20% de los costes salariales totales. Tras un estudio realizado por la Red SSPA, se ha calculado que la ayuda actual no llega ni al 1% del coste salarial. Por ello, desde las organizaciones empresariales de las tres provincias se está luchando en la actualidad por maximizar las ayudas hasta el límite que permite Europa, lo que posibilitaría a las empresas beneficiarse de una medida que reduciría sus costes en más de 300 millones de euros conjuntamente, según el cálculo realizado en el informe.